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La compra y venta de piezas usadas de vehículos se convierte en ilegal

Navegando por las distintas plataformas y páginas de Internet, es común encontrar a una amplia cantidad de usuarios comprando y vendiendo piezas usadas de automóvil para conseguir o bien un ingreso extra o un precio inferior al adquirirlo que el hallado en el mercado. Pero, a pesar de la normalización de esta actividad, hay una novedad que le pone freno definitivo: la nueva ‘Ley de recambios’ la convierte en ilegal.

De ese modo, el Real Decreto 20/2017 deja claro que los que solían realizar esta actividad deberán declinarse de repetirla a no ser que quieran tener responsabilidades legales. Así, esta ley relativa al tratamiento de vehículos después de su vida útil prohíbe la compra y venta de piezas y recambios usados entre particulares o talleres.

Si os estabais preguntando quién pasa a tener todos los poderes de tratamiento, descontaminación y gestión de esta compra y venta de forma legal; los beneficiados son los CAT –centros autorizados para el tratamiento-, conocidos más comúnmente como desguaces.

Estos centros se han convertido en los únicos que podrán extraer piezas usadas y venderlas, pero con una condición, los vehículos deben haber sido dado de baja formalmente en la Dirección General de Tráfico.

Pero, lejos de solo imposibilitar esta acción, el Real Decreto también señala la persecución que se hará a las posibles compraventas ilegales, pues los CAT deberán examinar los vehículos que se les entreguen y, si detectan alguna manipulación o la falta de algún componente que podría ser vendido con posterioridad, deben informar a las autoridades para proceder a la sanción correspondiente.

Además, también tendrán responsabilidad penal todas aquellas plataformas o establecimientos que publiciten un recambio ilegal o que monten cualquier pieza usada que no proceda de un desguace.

Este endurecimiento de las sanciones y vigilancia de la actividad busca acabar con las transacciones que comúnmente se realizaban entre particulares sin garantía de un correcto funcionamiento o los mínimos requisitos en materia medioambiental y de seguridad.